Carta abierta del GOPA: Negociaciones de Libre Comercio Canadá-Ecuador y Análisis Inicial de Género Plus
El 2 de diciembre, el Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA) envió una carta abierta a la Ministra de Promoción de las Exportaciones, Comercio Internacional y Desarrollo Económico de Canadá, la Honorable Mary Ng. Esta carta es en referencia a las preocupaciones de GOPA, Miembros de GOPA y Socios sobre la Evaluación de Impacto de Género de Canadá durante las negociaciones de Libre Comercio Canadá-Ecuador.
2 de diciembre de 2024
Hon Mary Ng
Ministra de Promoción de las Exportaciones, Comercio Internacional y Desarrollo Económico
Enviada por correo electrónico a mary.ng@international.gc.ca y a consultations@international.gc.ca
Carta abierta sobre las negociaciones de libre comercio entre Canadá y Ecuador y el GBA+ inicial
Estimada Ministra Ng
En medio de informes altamente perturbadores sobre los daños vinculados a los proyectos mineros canadienses en Ecuador, estamos profundamente preocupados por el efecto agravante de las negociaciones de libre comercio entre Canadá y Ecuador y una evaluación del impacto de género que tiene lagunas enormes.
Nos resulta asombroso que el llamado «Análisis Inicial de Género Plus» de Canadá no examine los impactos de género de las negociaciones comerciales sobre las mujeres y las niñas en Ecuador. No analiza, ni siquiera menciona, los preocupantes informes sobre el aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas vinculada a los proyectos de extracción de recursos en Ecuador, ni los informes sobre la persecución, la violencia y las amenazas contra las mujeres ecuatorianas que alzan su voz para defender los derechos humanos en las comunidades afectadas por los proyectos de extracción minera o petrolera.
Uno de los casos más recientes que afecta a comunidades campesinas, montubias e indígenas es el de Atico Mining Corporation, compañia basada en Vancouver. Desde marzo de 2024, más de 70 mujeres y hombres que se han manifestado en contra del proyecto minero canadiense en la provincia centroandina de Cotopaxi han sido objeto de acusaciones penales infundadas de terrorismo y delincuencia organizada. Esto forma parte de un peligroso patrón de estigmatización y persecución de defensores de los derechos humanos, la tierra y el medio ambiente documentado por Amnistía Internacional. Además de la criminalización injusta, las defensoras se enfrentan a actos de acoso e intimidación por motivos de género, incluida una oleada de ataques en las redes sociales que intentan difamar su reputación.
Es difícil no ver la omisión de estos importantes impactos de género como una ceguera intencionada, dado que funcionarios del gobierno canadiense han dejado claro que uno de los objetivos de las negociaciones es la promoción y protección de las inversiones mineras canadienses en Ecuador, incluso a través de la propuesta de Solución de Controversias Inversor-Estado que, según los expertos de la ONU, sería desastrosa para la protección de los derechos humanos y el medio ambiente.
La red GOPA fue una de las más de una docena de respetadas organizaciones canadienses que apoyaron una visita a Ottawa en octubre de 2024 de una delegación de mujeres líderesas indígenas y defensoras del agua de Ecuador. La visita se organizó para garantizar que los responsables de la toma de decisiones canadienses escucharan el punto de vista de personas del territorio en Ecuador, teniendo en cuenta que Canadá ha afirmado buscar un acuerdo progresista e integrador basado en el respeto de los derechos humanos y ha manifestado un interés especial en las opiniones de los grupos infrarrepresentados en el comercio, incluidas las mujeres y los pueblos indígenas.
La delegación de Ecuador, que se reunió con su Secretario Parlamentario, Maninder Sidhu, informó que los Pueblos Indígenas y las comunidades campesinas de su país no han sido ni informados ni consultados sobre las negociaciones de libre comercio, en violación de sus derechos constitucionales. Un acuerdo de confidencialidad firmado en agosto de 2024 socavó aún más el acceso a la información, la transparencia y la confianza. Esto no hace sino agravar una crisis de derechos humanos cada vez más grave en Ecuador, caracterizada por la adopción de políticas de seguridad y decretos ejecutivos de línea dura y militarizados, abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, violaciones generalizadas de los derechos de los pueblos indígenas y una creciente persecución de quienes defienden sus derechos, especialmente cuando expresan su oposición a los impactos medioambientales de los proyectos de extracción de recursos naturales.
La delegación dejó muy claro en su conferencia de prensa en la Colina del Parlamento y en múltiples entrevistas con medios de comunicación que los daños medioambientales, las violaciones de derechos humanos y los perjuicios sociales que ya se están experimentando -incluido el aumento de la violencia contra mujeres y niñas y los conflictos sociales que ponen en peligro la vida- se multiplicarán si un tratado de libre comercio aumenta la explotación minera en Ecuador. La delegación subrayó que zonas ecológicamente sensibles están en grave riesgo por la extracción de recursos, incluyendo los páramos y la región amazónica, y por todas estas razones, expresaron su profundo rechazo a las negociaciones del TLC Canadá-Ecuador.
Ministra Ng, unimos nuestras voces en apoyo a los llamados de las mujeres líderes indígenas y defensoras del agua ecuatorianas que recibimos en Octubre.
Hacemos un llamado urgente al gobierno canadiense para que retire inmediatamente todo apoyo diplomático y de otro tipo a los proyectos canadienses de extracción de recursos que han violado los derechos humanos, los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza, y que operan sin el consentimiento de los pueblos indígenas afectados, incluyendo el megaproyecto minero Loma Larga de Dundee Precious Metals (Azuay, cantón Cuenca, parroquia Victoria del Portete); el proyecto Fruta del Norte de Lundin Gold (Zamora Chinchipe, cantón Yantzaza, parroquia Los Encuentros); el proyecto minero en Fierro Urco (Loja y El Oro); el proyecto Fortuna de Fortuna Mining (Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe); Proyecto Warintza de Solaris Resources (Morona Santiago, Cordillera del Cóndor, sur de la Amazonía); y proyecto La Plata de Atico Mining (Cotopaxi, cantón Sigchos, Palo Quemado).
Canadá debe cumplir sus obligaciones de respetar las normas de derechos humanos, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y todas las normas internacionales que protegen los derechos de las comunidades rurales, las mujeres y las niñas, y el derecho a un medio ambiente sano. Como Ministra de Promoción de las Exportaciones, Comercio Internacional y Desarrollo Económico, le instamos a garantizar la coherencia entre las obligaciones de derechos humanos mencionadas y la política comercial de Canadá con Ecuador.
Además, dada la crisis climática y las promesas de Canadá de dar prioridad a la protección del clima, le instamos a respetar los llamamientos de los pueblos indígenas afectados y las comunidades de Ecuador para que se ponga fin a la minería canadiense en la Amazonia, la Sierra Andina, los páramos y otras fuentes de agua ecológicamente sensibles.
Canadá debe cumplir las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales garantizando que:
No se incluyan disposiciones de solución de controversias entre inversores y Estados en ningún acuerdo con Ecuador, y
Se lleven a cabo evaluaciones de impacto ex ante y ex post de los derechos humanos, en línea con las directrices de la ONU, prestando especial atención al impacto sobre los pueblos indígenas, las personas racializadas, las comunidades rurales, las y los trabajadores y las mujeres y niñas.
Sería una grave irresponsabilidad firmar cualquier acuerdo comercial sin garantizar primero la debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos y medio ambiente, mediante un marco jurídico consagrado en la legislación, y el acceso a vías de recurso cuando las empresas canadienses que operan en Ecuador vulneren los derechos humanos.
Honorable Ministra, insistimos en que no debe haber ningún acuerdo comercial con Ecuador a menos que se cumplan de buena fe y con la debida diligencia todas las condiciones imperativas mencionadas. De hecho, subrayamos nuestro profundo rechazo a las negociaciones de libre comercio Canadá-Ecuador que se han negociado hasta la fecha sin transparencia ni consentimiento, en medio de la negación de derechos humanos, derechos colectivos y derechos de la naturaleza.
Atentamente,
En nombre del Comité Directivo del GOPA
Jessica Farias, Copresidenta
Silvia Vásquez Olguín, Copresidenta